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La comunicación es bastante más que un espacio de mercado

Avanzar no es tirar a la basura todo lo anterior. Hubo y hay una ley. La 26522 de 2009 que regula los servicios de comunicación audiovisual. Debatida, discutida, criticada, poco aplicada pero ley. Aprobada por las dos cámaras del Congreso y surgida de miles de aportes testimoniados en audiencias públicas en todo el país. Y su valor más importante reside en que es la primera norma sobre el tema sancionada, con todas las formalidades legales y constitucionales, en muchos pero muchos años (su antecedente parlamentario hay que buscarlo en 1954).

¿Tiene opiniones discordantes? Sí. ¿Debe reformularse para adaptarla a un nuevo universo comunicacional más moderno y convergente? Sí.

Pero estos interrogantes deben resolverse en un marco adecuado de suma de ponencias, de acuerdos, de porfía legislativa. Las leyes no son inmutables y pueden y deben ser mejoradas, lo que afecta las formas democráticas es el uso inadecuado de herramientas administrativas para dejar de cumplir una ley. O sea, cuando una ley no es superada por otra ley sino por instrumentos de menor cuantía constitucional como decretos, ordenanzas o disposiciones ministeriales. Ahí, vemos un problema. Ahí, vemos un avance sobre las concepciones democráticas.

Sobre fines de 2015 y ya instalado el nuevo gobierno, se dictaron decretos (DNU), afectando la ley 26522. Básicamente para trasladar competencias regulatorias que esta ley determina hacia nuevos organismos, como Enacom, creadas sin mucho sustento legal, y con el objetivo de desnivelar poderes en el mundo de la infocomunicación, es decir, asegurar mayor concentración en escasos y grandes grupos para así controlar este estratégico sector vinculado a la industria, la cultura, la economía.

Básicamente, se dejó de lado un espíritu democratizador de la ley 26.522 en lo que hace a impedir la concentración de medios en escasas manos. Es fácil, hoy, ver que son cuatro o cinco, y no más, las grandes poseedoras de licencias y de uso de espectro mientras, por otra parte, se desmantelan proyectos, que como la TDA, tuvieron en cuenta pluralidades, federalismo, accesibilidad e inclusión. Y se desmantelan espacios de la TV pública como los servicios informativos y los canales Paka-Paka, Encuentro y DxTV.

Nuestras normas legales son claras en cuanto a preservar, promover y proteger el patrimonio audiovisual y esto no se cumple.

Hay dos niveles en el debate sobre el escenario infocomunicacional argentino. Uno es el de los intereses de los grupos privados y dominantes y otro, el que se define desde la técnica, la historia y el derecho de las comunicaciones. En la disputa de los poderosos, todos “tienen espalda” y nada los termina afectando mucho. Pero nadie que esté comprometido con las comunicaciones como "mucho más que un espacio de mercado" puede dejar de criticar la autorización del gobierno para que las telefónicas mediante el uso de la televisión satelital obtengan competitividad y rentabilidad en la comercialización del triple y cuádruple play sin haber invertido jamás un peso en fibra óptica, cableado, ductos o algún sistema de vinculación física de la TV. Así no se construye un sistema de medios. Así se anarquiza la regulación y la legalidad de las comunicaciones.

Osvaldo Nemirovsci
Diputado Nacional MC
PJ –Río Negro

 

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