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Las cervezas artesanales: los compromisos razonables y los arbitrarios incumplimientos

El proyecto de reforma tributaria, en la versión ingresada al Congreso, aumentaba el gravamen de la cerveza artesanal, sin demasiada reflexión, con el propósito de compensar beneficios a otros. 


El incremento previsto en la alícuota del impuesto interno asciende de 8 a 17%, equiparando a la cerveza industrial que concentra el 98% del mercado, con la cerveza artesanal, que ocupando el 2% emplea la misma cantidad de trabajadores.

Este despropósito generó la reacción del sector y, lógicamente, de los legisladores que representamos a provincias que cuentan con un importante desarrollo de esta producción, particularmente en el circuito de San Carlos de Bariloche y El Bolsón, región que a través de un proyecto de mi autoría se consagraría como Capital Nacional de la Cerveza Artesanal. 

La consideración de esa importancia y de las razones que asisten a los productores y la ausencia de argumentos válidos que las debiliten, permitió alcanzar el compromiso de modificar el proyecto, desgravándolas.

Sin embargo, en los tiempos actuales no hay compromisos ni palabras, sino intereses. No importan las personas, las 10 mil familias que dependen de la actividad cervecera ni las unidades de producción regionales. Sólo los discursos y la supuesta búsqueda de competitividades, a expensas de las economías regionales que, según se declamó, era necesario socorrer.

Nada justifica avasallar acuerdos y, menos aún, con consecuencias gravosas para miles de personas cuya subsistencia depende de sus esforzados emprendimientos. No tienen estos ciudadanos el poder de lobby de los productores sojeros o de los fabricantes de autos de alta gama, cuya situación tributaria se mantiene indemne. Solo cuentan con sus representantes en el Congreso que, a pesar de nuestros tenaces reclamos, somos sorprendidos por contramarchas clandestinas.

Es cierto que el procedimiento parlamentario permite cuestionar y controvertir. Pero el consenso es preferible al debate, sobre todo en un poder como el legislativo que ha sido instituido para armonizar y proteger los intereses del pueblo y de las provincias. Y el consenso, que tan insinceramente se invoca, presupone hacer honor a los compromisos. Las economías regionales y cada uno de sus aspectos, no son simplemente una singularidad turística, sino un protagonista fundamental de nuestro proyecto como Nación.

Senadora nacional Silvina García Larraburu

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