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Justicia: La mirada en el Congreso de la Nación Argentina (Parte II)

-(*) Por Iride Isabel María Grillo-

Hoy la mirada debe estar puesta en el Poder Legislativo de la Nación, en este tema de tanta trascendencia y actualidad  para la vida de la república democrática en cuya defensa y fortalecimiento debemos estar empeñados. Es  en el Congreso  donde radica la soberanía del pueblo representada en un conjunto de hombres y de mujeres que tienen el deber de prestigiar y honrar sus bancas, por el tiempo en que lo manda la Constitución y cumpliendo el mandato ciudadano.

Es en ese escenario en el que deben generarse los grandes debates y lograrse los necesarios consensos, como caja de resonancia y expresión de la soberanía del pueblo aunque tengan su origen en los otros poderes constituidos, que finalmente se plasmen en políticas de estado, generales  y vinculantes, sostenidas a través del tiempo y que nos comprometan a todos, en su cumplimiento, autoridades públicas y ciudadanos.

Es en el Poder Legislativo en el que deben fluir los cauces de participación, generando hábitos de participación  cuando se desarrollan desde una ciudadanía activa, conciente de sus derechos pero también de sus deberes y responsabilidades. Es allí donde debemos encontrarnos, garantizando la gobernabilidad, superando las crisis y emergencias y mejorando sustantivamente las condiciones de credibilidad y de confiabilidad, que nos permitan recuperar y reformular la necesaria legitimidad democrática.

Quienes hace años venimos estudiando los temas constitucionales, asistimos preocupados a instancias de revisión del sistema de justicia, en el ámbito nacional y aplicables a la justicia federal, que estamos analizando y sin poder expedirnos todavía, de manera profunda, nos preocupa, la celeridad en que son tratados. 

Desde distintos ámbitos  existen artículos de opinión por parte de los idóneos en los temas constitucionales, es decir de quienes se han especializado en ello y declaraciones tales como las realizadas por la  Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

Aluden a los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo al Congreso con la finalidad de “democratizar la justicia”, ante manifiestas inconstitucionalidades que se aprecian en sus textos, como son: la elección popular de los jueces y abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura; una irrazonable restricción a las medidas cautelares que se dicten contra el Estado Nacional, que afectará a la independencia de los jueces para proteger los derechos humanos, individuales y sociales y el federalismo; y la irregular sustracción de materias administrativas y económico financieras de las atribuciones de la Corte Suprema. Asimismo, señala que la entidad de una reforma como la que se pretende no está acompañada de un adecuado término para el prudencial examen y debate de las iniciativas, lo cual afecta los principios republicanos de nuestra Constitución.

Entre otros puntos también a que la elección popular de los representantes de los jueces al Consejo de la Magistratura es particularmente lesiva del mandato contenido en el artículo 114 de la Constitución Nacional, en cuanto violenta el texto y la finalidad de esa norma. Y la participación de los magistrados en elecciones primarias y generales, en tanto implica la aceptación de políticas expuestas en las bases programáticas y plataformas electorales de los partidos que los registren en sus boletas, importa afectar principios y normas que inhiben el ejercicio de actividades políticas por parte de quienes están llamados a integrar un poder independiente y deben juzgar acerca de esas políticas. Ello significa la pérdida de imparcialidad de los magistrados y la politización del Poder Judicial de la Nación, con la consiguiente ruptura del principio republicano de División de Poderes.

Se expiden sobre la rigidez de las limitaciones del proyecto de ley de Medidas Cautelares, cuando ellas sean contrarias al Estado Nacional, violentando el postulado de Acceso Efectivo a la Jurisdicción, el Debido Proceso y la Igualdad ante la ley (artículos 16 y 18 de la Constitución); a la vez que resulta contraria a la regla de la Tutela Judicial Efectiva afirmada en Tratados de Derechos Humanos con rango constitucional. Por consiguiente, los justiciables, sean particulares o públicos (como las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios) verán limitados en el ejercicio y protección de sus derechos.

Las modificaciones para trasladar atribuciones de superintendencia económica,  financiera y reglamentaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Consejo de la Magistratura, destruirán la coordinación armónica que debe existir entre las respectivas facultades de estos dos órganos, con grave riesgo de colisiones entre ambos. Además, la decisión de los poderes de gobierno de llevar adelante el tratamiento de estos proyectos con inusitada urgencia, impide un sereno y detenido análisis y el control social de las iniciativas. Esas razones temporales, derivados de la urgencia en expedirnos sobre estas cuestiones de señalada trascendencia para el devenir de la Nación, limitan esta declaración a las materias individualizadas, lo que no supone validación, ni rechazo de las restantes, cuyo examen continuamos realizando.

Por su parte la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, a través de su Consejo Directivo, constituida con el fin de profundizar los estudios que relacionan el proceso judicial con la Constitución, dando lugar a una ciencia autónoma que disciplina la protección constitucional de todos los derechos, cumple con el deber de   informa a la sociedad su preocupación por el tiempo histórico al que se asiste y su rechazo a los proyectos de reforma judicial y procesal, llamados para la “democratización de la justicia”, que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional para su tratamiento legislativo, los cuales vienen a instalar una polémica innecesaria sobre la independencia judicial y entre poderes, dando lugar a hostilidades sociales que pueden ocasionar desinteligencias y confusión respecto del rol que cada uno ejerce dentro del Estado.

Refieren a que nuestro modelo constitucional no reclama del voto popular para la designación de jueces y magistrados, toda vez que la legitimación del Poder Judicial viene de la confianza implícita que el pueblo ha dado a quienes deben resolver los conflictos entre personas y de la función de control del poder político que nuestra arquitectura institucional le impone.

Promover una iniciativa de este carácter, aun por medios indirectos, es una grave afrenta a la Constitución que no se puede ocultar. El sistema procesal argentino, en materia de medidas cautelares, ha sido y lo es, un ejemplo para el mundo, dando espacio creciente a la defensa de los derechos humanos así como para amparar al Estado cuando se ha visto en riesgo la situación institucional. Por ello, el proyecto particular que en este tema se propone, no solo es inoportuno, sino, además, impertinente con los avances que tiene el instituto.

Concluyen expresando la preocupación de dicha Asociación - como entidad al servicio de la democracia – en el sentido de que  espera que estos tiempos de zozobra puedan ser superados y que el debate responsable de los legisladores permita alcanzar el consenso necesario que encauce  a  nuestro país en la democracia constitucional, cuyo objetivo se centra en el respeto de los derechos y garantías de todos.

Por el camino de la justicia, bajo el amparo de la Constitución de la Nación Argentina, caminemos juntos, superando viejas rencillas que siempre nos han dividido en la búsqueda de los grandes consensos, con infinita paciencia, para el logro de la ansiada unidad nacional, comprometidos sin exclusiones irritantes en esta empresa en la que todos debemos ser operarios, legítimamente libres e iguales.   

(*) La autora de la columna es Juez en lo Civil y Comercial de la Sexta Nominación en la Ciudad de resistencia, Provincia del Chaco, Docente Adjunta en la Cátedra A de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la U.N.N.E.

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