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Señor Director

La justicia de Río Negro persigue penalmente a una testigo directo del crimen de Sergio Cárdenas. A casi tres años de la masacre perpetrada por la policía la única procesada es una familiar de las victimas El poder judicial, el mismo que a  casi tres años no tiene a ningún policía procesado por los crímenes de Sergio Cárdenas y Nino Carrasco perpetrados el 17 de junio de 2010, intenta condenar penalmente a una testigo directa de los homicidios que, además, es integrante activa de los Familiares que exigen verdad y justicia por la masacre de El Alto.

El juez de primera instancia Ricardo Calcagno y la Cámara primera del Crimen de Bariloche sostienen la persecución penal contra Alejandra Riquelme por el presunto delito de daño supuestamente cometido por la cuñada de Sergio durante la marcha del 17 de febrero del 2011. Calcagno y la Cámara de alzada aseguran que Alejandra cometió delito cuando en algún momento de nuestra protesta alguien pintó las consignas históricas de “verdad y justicia” en las paredes del edificio que albergan a los funcionarios públicos responsables institucionales de brindarnos un juicio justo por las prácticas de terrorismo de estado de junio de 2010.

 

La justicia considera como daño irreversible una simple consigna pintada en una pared –que al día siguiente habían blanqueado-, pero nada hace por la pérdida irreparable de las vidas humanas ni los daños irreversibles en la vida de los sobrevivientes, entre quienes se encuentra la propia joven procesada. Calcagno y esta Cámara ejercen persecución penal y política contra Alejandra Riquelme. Tanto al juez de primera instancia como al tribunal que debe controlarlo les consta que Alejandra es testigo directo del crimen de Sergio, por lo que esta persecución penal en su contra por las pintadas no podemos más que suponer que busca castigarla y amedrentarla por su condición de testigo y de Familiar que exige verdad y justicia.

El procesamiento de primera y segunda instancia contra Alejandra es persecutorio al punto que cambia el criterio del propio Calcagno que, al menos en dos casos anteriores similares, consideró que una pintada en espacio público no es delito. La Cámara que participa de la persecución penal la integran Marcelo Barrutia, Alejandro Ramos Mejía y Miguel Gaimaro Pozzi. Especialmente a Gaimaro Pozzi le consta la declaración de Alejandra como testigo de las circunstancias del crimen de Sergio Cárdenas en mano de la policía la tarde del 17 de junio, ya que fue juez de instrucción del expediente de los homicidios. Este procesamiento de Alejandra confirman sin lugar a dudas que la corporación judicial en esta circunscripción convalida las prácticas de terrorismo cometidas por la policía provincial, al punto que no duda en perseguir penalmente a quienes resisten y luchan por Memoria, Verdad y Justicia.

Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche

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