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El medio vaso lleno

Señor Director

La decisión política del Gobernador Alberto Weretilneck de terminar con  las famosas  “Becas” de Desarrollo Social - a partir del mes de julio próximo- constituye un importante avance del actual gobierno- que además de cumplir con una promesa realizada al inicio del mandato- podrá erradicar un nefasto mecanismo de contratación de trabajo “en negro” en un área muy  sensible del estado rionegrino, sistema instaurado por la gestión que gobernó durante 28 años la Provincia de Río Negro. 

Los 279 becados que se anuncian pasar a contrato desde el Consejo de la Función Pública, se sumarán a los 103 pasados a inicios del 2013 y a los 140 pasados en el 2012, lo que totaliza la regularización de 522 trabajadores que desempeñan tareas  en programas e instituciones que atienden a la población de mayor vulnerabilidad social de nuestra comunidad.

 

Simultáneamente con esta acertada medida,  conviene analizar con mayor profundidad  cuáles son las causas que han generado esta irregularidad en el ingreso a la administración pública provincial, con el propósito de no repetir los mismos errores en el futuro, y no tener que estar analizando nuevamente este  tema dentro de un tiempo.

El área de Desarrollo Social – a diferencia de Educación, Salud y Seguridad- carece de una normativa laboral específica que regule, no solamente la forma de contratación inicial, sino todas las especificidades de los diferentes e indelegables  servicios y roles que se prestan desde este Ministerio, organismo de aplicación de múltiples leyes provinciales y nacionales, la mayoría de ellas promulgadas en los últimos 10 años.

Temáticas relacionadas con la niñez y adolescencia con sus derechos vulnerados, con las personas con discapacidad, con jóvenes en conflicto con la Ley,  con víctimas de la violencia de género, y con adultos mayores en situación de abandono, son algunas de las delicadas situaciones que deben asumir los trabajadores de ese Ministerio. Tan difíciles cuestiones supondrían la necesidad de contar con personal capacitado e idóneo, con la profesionalidad que cada problemática requiere.

Sin embargo, tales condiciones son imposibles de conseguir a la hora de incorporar personal, si no existe un mínimo encuadre laboral, lo que trae como consecuencia que suelan asumir estos roles personas que por distintas causas no consiguen un empleo real en el mercado laboral, y se presten a trabajar a cambio de una “beca”, más allá de la buena voluntad y disposición que puedan tener para desempeñarse en la tarea que les toque.   

Si bien la regularización laboral que se está activando es un importante avance cualitativo para mejorar dichas condiciones de trabajo, sino se genera paralelamente una legislación pertinente adecuada al área, es muy probable que por razones de servicio que imponen el ingreso de personal en forma cotidiana, continúen los procesos de precarización laboral,  generándose un círculo vicioso que repetirá el mismo problema.

Además de cubrir este vacío legal- indispensable para jerarquizar al área- sería auspicioso acompañar todas  estas medidas, con la necesaria capacitación profesional que requieren los nuevos trabajadores del área social para realizar su compleja tarea.

La posibilidad de restituir derechos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad es una apuesta que requiere  una inversión económica que tal vez pueda resultar significativa, pero que seguramente redundará en un futuro de mayor equidad y  menor  violencia social,  lo que constituye un  mejoramiento real y concreto de la calidad de nuestra democracia.

Licenciado Jorge Vallaza.
DNI: 12.975.453.

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