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Indagaron a imputados de falsear tarjetas de crédito

En horas de la mañana de ayer el juez de Instrucción Martín Lozada recibió declaración indagatoria a las seis personas de nacionalidad dominicana, a quienes les atribuyó la comisión de una pluralidad de actos de defraudación por medio de la utilización de tarjetas de crédito “clonadas”.

Por medio de dichas tarjetas, cuya confección el magistrado puso a cargo de los detenidos, habrían inducido a engaño a una serie de comerciantes locales, produciéndoles un significativo perjuicio económico.

Según la hipótesis que orienta la investigación, los detenidos confeccionarían las tarjetas de crédito mediante instrumentos e insumos que les fueron secuestrados durante el último fin de semana en Bariloche. Es así que a partir de minuciosos procesos de elaboración falsearían los datos que imprimen sobre su superficie, a partir de lo cual las tarjetas aparecerían como correspondientes a la empresa VISA, y extendidas por un banco con sede en Singapur, el United Overseas Bank Limited.

Lo cierto sería que esas casi 45 tarjetas que llevan los nombres de los detenidos estarían imitando los números de otros usuarios, que sí serían auténticos clientes del indicado banco. Al tratarse de una casa bancaria internacional, y al no contar VISA Argentina con una fuente de datos precisa en relación a la situación de aquél banco en Singapur, las operaciones serían inicialmente autorizadas, para luego, horas más tarde advertirse la maniobra y dar por denegada la operación. Sin embargo, para entonces el perjuicio patrimonial para el comerciante estaría ya producido.

Ente los perjudicados en la ciudad de Bariloche se encuentran un empresario dedicado al alquiler de vehículos, por la suma de 2.400 pesos; el comercio “Casa Elvira” por la suma de 10.700 pesos; el supermercado “Carrefour” por la suma de 25.000 pesos, el comercio “Garbarino” por 57.000 pesos; y el hotel “Nido del Cóndor” por 20.000 pesos.

El juez Lozada, además, negó la excarcelación de los detenidos que fuera solicitada por su defensor. Al hacerlo, sostuvo encontrarse frente a “indicadores objetivos que permiten fundadamente presumir un peligro de obstaculización de los fines del presente proceso penal por su parte (…) los encartados son de nacionalidad extranjera y se desconoce fehacientemente si residen habitualmente en la República Argentina, o si se encuentran en condición de turistas. Y en el caso de que efectivamente residan en el país, pues entonces es indispensable conocer el sitio en el cual lo hacen” (…) De modo que no corresponde hacer lugar a lo solicitado hasta tanto no se verifiquen los extremos antes aludidos. Conceder el beneficio postulado, conforme el estado actual de sus respectivas situaciones, puede acarrear un razonable riesgo procesal que debe ser evitado”.

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