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Confirmaron la condena a catorce años de prisión al homicida de María de la Cruz

El ahora condenado en el juicio oral (foto archivo). El ahora condenado en el juicio oral (foto archivo).

- CRITICAS PORQUE LOS JUECES NO CALIFICARON COMO FEMICIDIO -

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó los planteos defensivos y confirmó la condena a catorce años de prisión que los jueces de la Cámara Primera del Crimen impusieron a Hernán Cortés, por el crimen de María del Carmen de la Cruz. La sentencia original había argumentado que “no todo crimen contra una mujer enmarca en la figura de femicidio”, lo que recibió severas críticas de la jueza Adriana Zaratiegui, quien cuestionó también la acusación de la fiscalía y la parte querellante.

Por Mariano Colombo
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Los jueces Marcelo Barrutia, Emilio Riat y Miguel Gaimaro Pozzi con el voto rector de éste último, habían impuesto una pena de catorce años de prisión a Hernán Cortés, tras hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, en perjuicio de María del Carmen de la Cruz, la contadora de 47 años que pocos meses antes de ser asesinada se había radicado en Bariloche. En esa sentencia, evaluaron los jueces que no todo crimen contra una mujer enmarcaba en la figura de femicidio. Tampoco la parte acusadora había requerido encuadrar el hecho en esa figura. Ahora el STJ confirmó lo actuado, aunque en su voto, la jueza Adriana Zaratiegui cuestionó la opinión de los jueces y la acusación fiscal y querellante, que no encuadraron el hecho bajo esa figura.

El homicidio ocurrió en el interior de una vivienda que la mujer había alquilado a la madre del acusado, sobre la calle Campichuelo del barrio Jardín Botánico. El 6 de octubre de 2015, Cortés irrumpió en el domicilio de la mujer y luego de golpearla en el rostro, la asfixió, ocasionando su deceso. Catorce horas después dio aviso a la policía y reconoció el crimen. Antes, Cortés acosó a la víctima con el objetivo de mantener con ella una relación de tipo sentimental o de pareja e incluso fantaseó con que ello ocurría y la acusó de promiscua al advertir –espiándola- que había tenido relaciones con otro hombre.

Para los jueces el hecho quedó demostrado mediante diversas evidencias que así lo acreditaban y que fueron detalladas en la sentencia. Además, una prueba que terminó por fulminar cargosamente al acusado, es el rastro de ADN que los pesquisas hallaron bajo las uñas de la víctima: “Ésta resulta ser un dato indubitable del intento de defensa de la víctima, quien con una sola mano hábil -el brazo izquierdo estaba enyesado-, trató de repeler la agresión, rasguñando el cuello del imputado, circunstancia también hartamente demostrada en debate”.

Los jueces habían valorado especialmente las declaraciones testimoniales de dos amigas de la víctima, quienes en juicio recordaron que De la Cruz había anticipado su destino al relatar con temor ciertas actitudes del acusado.

“Un día de estos voy a terminar violada o tirada en algún lado”, “Si me pasa algo sospechen de él”, le había dicho a sus amigas.

En tanto en el análisis de los planteos defensivos, los jueces del Superior Tribunal de Justicia analizaron que “los planteos casatorios no han de tener acogida favorable en esta instancia revisora”.

Y resumieron que “al analizar la pena impuesta no se advierte conculcación de garantías y derechos del imputado. Por el contrario, siguiendo la doctrina legal de este Cuerpo, que ordena partir de un punto equidistante entre el mínimo y máximo de la escala penal aplicable, entre muchas otras, cuya motivación no ha sido cuestionada en el recurso, resulta que en el caso tal punto inicial estaría establecido en los dieciséis años y seis meses, dentro de una escala que va de ocho a veinticinco años. Ello permite apreciar que el monto determinado por el sentenciante ha sido inferior a dicho punto medio, aun cuando se valoraron numerosas pautas agravantes, que no han sido contradichas por la defensa (que solo hace referencia a la ausencia de arrepentimiento, que en rigor fue esgrimida respecto de la frialdad demostrada al momento del hecho, parámetro no controvertido”.

El fallo del máximo tribunal rionegrino fue elaborado por la jueza Liliana Piccininni, a quien adhirieron Enrique Mansilla y Adriana Zaratiegui, quien realizó un análisis referido a la violencia de género y lanzó duras críticas a la fiscalía y la parte querellante que no incluyeron la figura del femicidio en la acusación y a los jueces que no lo consideraron en la sentencia.

“Estimo necesario efectuar algunas consideraciones adicionales en torno a la temática de la violencia de género y su vinculación con las constancias de este expediente, aun reconociendo que lo aquí dicho de ningún modo podrá modificar lo resuelto en perjuicio del imputado, por no haber existido recurso de la acusación -pública ni particular- sobre este relevante aspecto. El tratamiento del tema se justifica en atención a la especial consideración -a mi juicio, equivocada- que se ha dado a la figura del femicidio en la sentencia de Cámara, cuestión que hace -nada más ni nada menos- que a los derechos humanos de las mujeres” y agregó “la lectura de las constancias del presente legajo permite señalar que resulta cuestionable -por diversos motivos, que desarrollaré- la postura adoptada por el a quo al momento de tratar la calificación legal de los hechos traídos a juicio, en tanto no advierte que sean constitutivos de violencia de género, según argumentó expresamente en la sentencia. En lo que respecta al Ministerio Público Fiscal, también le cabe idéntica crítica por omisión, en tanto no solicitó la calificante contemplada en el inc. 11º del art. 80 del Código Penal, a pesar del tenor de ciertas consideraciones vertidas en su alegato, conforme constan en el acta de debate, claramente demostrativas de un sesgo discriminatorio que no hace más que confirmar la presencia de violencia de género en el caso”.

La interpretación de las normas jurídicas desde una perspectiva de género es un mandato constitucional -y por tanto ineludible- que refuerza la vigencia de los derechos de las mujeres. Y señalo que es un mandato constitucional en tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, constituyendo dicha violencia una forma de discriminación que inhibe seriamente la capacidad de la mujer de gozar y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con el hombre”.

Apuntó entonces que “Se trata, la violencia de género, de un problema estructural en donde el caso particular emerge como un exponente de esa situación de desigualdad en que se encuentran las mujeres. Esta sola circunstancia que se pone de manifiesto en la descripción del ilícito imputado da cuenta de que Cortés, al presionar a la víctima pese a la negativa de esta, no respetaba su derecho -reconocido convencionalmente en la

Convención de Belem do Pará a la que hizo referencia el a quo- a vivir una vida libre de violencia y a que se respete su dignidad y su libertad en sentido amplio -que incluye, claro está, su derecho a elegir con quién quiere relacionarse en la esfera afectiva, sexual, etc”.

Y concluyó “Volviendo entonces a la conceptualización reseñada por el juzgador, se advierte que el acoso referido, en sí mismo y también su finalidad (conseguir que la víctima fuera su pareja o mantuviera con él una relación sentimental), constituyen claras connotaciones basadas en el sexo o género de la víctima. Se desprende entonces que la vinculación entre víctima y victimario responde con precisión a las notas que caracterizan a la violencia de género, según estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Destacó asimismo que en los alegatos de la fiscalía y la querella, hubo pronunciamientos claros que reflejaban que el caso encuadró en la figura de violencia de género. “Siendo ello así, se advierte con claridad la existencia de una situación de violencia de género que debió ser considerada con debida diligencia por el juzgador y la acusación, no solo por la forma en que fue atacada, ya que se encontraba en una situación de notable desventaja y vulnerabilidad (incluso con un brazo enyesado), sino fundamentalmente por las motivaciones de la agresión por parte de quien la trataba como un objeto de su dominio, la acosaba y no admitía su forma de comportarse (la consideraba promiscua) y fundamentalmente no aceptaba que la víctima no lo hubiera elegido para entablar un vínculo sentimental” y advirtió que “se debe producir un cambio de mentalidad principalmente en los operadores judiciales y en la sociedad toda, con el fin de que se considere que la violencia contra la mujer no es una problemática personal, sino que afecta a la sociedad en su conjunto”.

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