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Dictamen de procuración abre la puerta al proyecto “Laderas” de El Bolsón

- ENGORROSO TRAMITE JUDICIAL -

La procuradora general, Silvia Baquero Lazcano, emitió un dictamen donde recomienda al Superior Tribunal revocar una medida cautelar tomada por la Cámara Civil de Bariloche que había paralizado la vigencia de las ordenanzas del Concejo Deliberante y resoluciones del intendente de El Bolsón en relación al acuerdo con Laderas.

La causa tiene una extrema complejidad ya que tiene un proceso madre que lleva varios años, pero paralelamente se realizaron distintas presentaciones mediante la metodología excepcional del amparo.

De prosperar la opinión de la procuradora en el STJ, las ordenanzas 165 y 194 sancionadas por el Concejo Deliberante, y las resoluciones del intendente de El Bolsón que aprueban un acuerdo entre el Municipio y Laderas, quedarán en vigencia. De todas formas, todo el proceso está sometido a la resolución del juicio ordinario en curso.

La causa inicial (denominada Ronco) está iniciada hace varios años, cuando un grupo de instituciones se presentaron para pedir la declaración de nulidad de una resolución del CODEMA y solicitaron una audiencia pública previa para decidir sobre cuestiones ambientales. En el año 2013, el STJ les dijo a quienes iniciaron el trámite que realicen una presentación ordinaria en la justicia, pero hasta tanto se resuelve ese juicio, ordenó suspender la evaluación de impacto ambiental y la audiencia pública.

El máximo tribunal le dio un plazo de 60 días a Ronco y los otros actores para que inicien el trámite ordinario, cosa que hicieron. Luego, se unificaron causas conexas.

Esta causa madre, se encuentra aún en etapa probatoria, sin dictado de sentencia y con última actividad procesal útil en febrero de este año por parte del tribunal, según destaca la Procuradora.

Mientras se tramita la causa central, a fines del año pasado se llegó a un acuerdo, ratificado en sede judicial, entre Laderas y el intendente de El Bolsón, que prevé adecuaciones al emprendimiento inmobiliario y la continuidad de los trámites administrativos necesarios. El Concejo Deliberante ratifica por ordenanza N° 165 el acuerdo.

Luego hay una Resolución del intendente que aprueba las readecuaciones al proyecto que presentó Laderas. También aprueba la aptitud ambiental y la declaración de impacto ambiental. A fines de diciembre, la ordenanza 194/16 del Concejo adhiere a esa Resolución del intendente.

Fue entonces cuando los vecinos presentaron un amparo contra ambas ordenanzas y contra la resolución municipal, señalando cuestiones de normativa ambiental e irregularidades en la cuestión dominial.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche hizo lugar a las medidas solicitadas y de manera preventiva, sin resolver el fondo de la cuestión, suspendió los actos administrativos dispuestos por esas dos disposiciones municipales.

Frente a esta decisión, se presenta el municipio contra esa resolución de la Cámara. Argumenta que no está configurado el peligro inminente que requiere una acción de este tipo, ya que en realidad el proyecto debe transitar diversos trámites, como la aprobación de la mensura de fraccionamiento, identificación de mallines, estudios de suelo, dictámenes provinciales, etc.

Además, dice que la Cámara asumió competencias para resolver sobre cuestiones que se están dirimiendo en otro proceso, ya que esta misma medida ya fue solicitada y rechazada en el proceso ordinario central.

El Municipio arguye que se pretende resolver la cuestión de fondo por una vía excepcional como el amparo. Alega que ya hay fallos del Superior Tribunal que indican que estos temas deben dirimirse en un proceso ordinario que garantice el debate y la prueba.

Agrega que las resoluciones del intendente no implican la aprobación ambiental del proyecto y que la decisión del STJ en el caso Ronco no puede influir en las disposiciones posteriores.

En su dictamen, la Procuradora sostuvo que, atento a todas las incidencias y la complejidad que tiene el juicio ordinario, el conflicto no puede ser zanjado a través de medidas cautelares parciales que se tramitan en la propia Cámara Civil.

Para la Procuradora, previa a toda resolución, la Cámara debió analizar si correspondía el procedimiento extraordinario de amparo, y más teniendo en cuenta la relación con otras causas en trámite.

Sostuvo en su dictamen que no existe la urgencia que plantea el amparo, ya que la causa central está en condiciones de ser resuelta, con una sentencia que resuelva el fondo de la cuestión.

En este marco, la Procuradora afirmó que los actos de la administración (ordenanzas y decretos) gozan de la presunción de legitimidad y que esta resolución de la Cámara contradice una medida de los mismos jueces tomada en el proceso ordinario, donde denegó una cautelar similar.

En definitiva, para la Procuradora se dictó la cautelar sin hacerse un estudio si correspondía la vía del amparo y también la resolución puede implicar un adelanto de opinión sobre otros procesos que tramita la Cámara. En este marco, cita al STJ, quien en fallos anteriores ya dijo que las medidas cautelares son excepcionales y no pueden dejar entrever una opinión sobre el fondo de la cuestión.

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