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Abogados penalistas preocupados por marcha del nuevo código procesal

- PLANTEAN VARIOS CUESTIONAMIENTOS -

En una reunión informal realizada en la sede del Colegio de Abogados de Bariloche, diferentes abogados penalistas de la ciudad analizaron la puesta en marcha del nuevo Código de Procedimientos Penales y elaboraron un manifiesto de varios puntos para plantear a la Procuración General y al Superior Tribunal de Justicia.

Por Mariano Colombo
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Algunos días atrás se desarrolló un encuentro de carácter informal entre varios abogados de especialidad Penal, autoconvocados ante una serie de dificultades que enfrentan en el ejercicio de la defensa, desde la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en Bariloche. De la reunión participaron unos diez profesionales y aunque los interesados podrían ser algunos más, la realidad es que no sobran los abogados que ejercen en el fuero.

Fue por esa misma razón que no se convocó al encuentro ni a los integrantes de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados ni al total de afiliados a la entidad. El Cordillerano consultó a varios letrados y conoció aspectos importantes de lo conversado. Varios de ellos, pidieron la reserva de la fuente.

En la reunión se plantearon diferentes cuestiones que generan rechazo y honda preocupación entre los letrados, quienes resolvieron elaborar un pliego de varios puntos para elevar a la Comisión Directiva del Colegio de Abogados y a partir de su tratamiento, se envíe un reclamo formal vía institucional, ante la Procuración General del Poder Judicial y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Ante la inminente salida de Silvia Baquero Lazcano, una de las partes que los abogados pretendían involucrar, deberán esperar la resolución de un nuevo nombramiento. Mientras tanto, también procurarán reunirse con el titular de la Superintendencia Penal de Bariloche, el juez Héctor Leguizamón Pondal.

Los abogados elaborarán un informe detallado de los cuestionamientos para elevarlo ante las autoridades del colegio profesional, con el objeto de que los planteos sigan por los carriles orgánicos y, aunque algunos aspectos son más urgentes que otros, la cuestión se dilatará un poco más en el tiempo.

Uno de los aspectos que mayor preocupación genera respecto al funcionamiento cotidiano tiene que ver con situaciones de acuerdos que impulsó el Ministerio Público Fiscal, excluyendo de los mismos a los abogados defensores. Según manifestaron distintos letrados consultados, "presionan" a las víctimas y a los acusados e impulsan acuerdos, sin dar participación a quienes los representan. “Nos preocupa que se respeten las garantías de las personas, es necesario que se haga hincapié en que la gente que tiene requerimientos fiscales, tiene derecho de concurrir con sus abogados”, afirmó uno de los letrados consultados.

“Hemos tomado conocimiento de que se dieron citaciones sorteando esas cuestiones”, agregó la misma fuente y concluyó “La gente nos pregunta si hizo bien en firmar lo que firmó”. Otro letrado relató el caso de un cliente al que llamaron y le dijeron que la víctima retiraría la acusación si le pagaba diez mil pesos y que cualquier otra solución al caso o inclusive la continuidad del mismo, le ocasionaría mayores erogaciones, sobre todo en abogados. "El cliente me llamó y me dijo, mirá, yo cierro acá. Le doy los diez mil pesos y me ahorro tu parte, que además no estuviste en este acuerdo".

Otro abogado consultado manifestó que “lo único que se persigue son los datos estadísticos para pretender demostrar con ello lo bien que funciona el sistema”. En ese sentido destacaron que no todas las causas judiciales deberían ser pasibles de cerrarse mediante una conciliación. “No sé si hay metas estadísticas, pero los intereses de la víctima no son lo único que importa”, añadió otro letrado, destacando que en algunas causas el Estado tiene la obligación de velar por el interés social.

Otro de los aspectos hace a la intervención de la defensa pública, ante la detención de algún sujeto. Según apuntaron, empleados de las defensorías se hacen pasar por defensores oficiales y se presentan en comisarías para entrevistarse con detenidos.

También señalaron deficiencias en la estructura edilicia del Ministerio Público Fiscal, en donde se acumulan pilas de expedientes o legajos en el piso, pese a la remodelación y readecuación que recibió el flamante edificio alquilado para los fiscales.

Apuntaron que en el edificio Pilmayquen no hay una sala de reuniones en las que puedan dialogar con sus asistidos, debiendo en ocasiones salir del edificio o buscar algún espacio en donde no escuche tanta gente la conversación. En ese sentido, también destacaron que antes de las reformas edilicias de cara a la aplicación del nuevo Código Procesal, contaban con computadoras disponibles para la confección de escritos o cualquier otro aspecto y con las nuevas dependencias instaladas, esas computadoras ya no están disponibles. Lo mismo aplica para la necesidad de tener un espacio físico en el que sentarse a repasar las constancias de los legajos judiciales.

En relación a dificultades de comunicación, los abogados penalistas reclamarán que se les entregue un listado completo de los teléfonos celulares de cada uno de los fiscales y adjuntos, ya que tuvieron algunas dificultades para entablar contacto con ellos.

Otro de los aspectos que genera preocupación a los abogados es plantear modificaciones al horario de la Oficina Judicial, que culmina su atención diariamente a las 13.30 y en forma posterior no hay manera de requerir audiencias, ni realizar presentaciones, ni notificaciones, según indicaron.

“La carga se acomoda en el viaje, pero es necesario que alguna se acomode antes que otra”, manifestó uno de los abogados que asistió al encuentro, reflejando que es importante colaborar desde todos los ámbitos para el correcto funcionamiento del nuevo código.

El show de las suspensiones

Diariamente se anuncian en la agenda de la Oficina de Gestión Judicial, un sinnúmero de audiencias que luego por diversos factores no se concretan. Cuando no falta el imputado, falta el defensor o el querellante y así, las audiencias se van postergando. “Tres de tres” se quejó un fiscal por lo bajo explicando que las tres audiencias que le habían sido notificadas para la mañana del miércoles, habían sido suspendidas.

La cuestión de las notificaciones comienza a ser examinada con la lupa. Al parecer, algunas formas de notificación no han sido del todo eficientes, la cuestión ya fue planteada en audiencias y motivó diversas conversaciones y acusaciones entre los prestadores del servicio de Justicia.

El acortamiento de los plazos para la investigación de las causas penales, una vez que fueron formulados los cargos, genera preocupación puertas adentro del Ministerio Público Fiscal, que ve como se le escurren los días de plazo sin poder avanzar ante la suspensión de algunas audiencias de manera reiterada.

Durante la mañana de este jueves, por caso, fueron suspendidas tres audiencias programadas. El miércoles fueron cuatro y así el detalle podría continuar día a día, resumiendo que la mitad de las audiencias programadas desde que inició el proceso penal nuevo, han sido suspendidas por diversos motivos.

La publicidad, con detalles por perfeccionar

Otro de los aspectos que genera controversias varias, es la publicidad de los procesos penales, uno de los aspectos más destacados a la hora de valorar la aplicación del nuevo código.

Los periodistas acreditados en los tribunales locales, no tienen acceso directo al sistema interno del Poder Judicial para chequear la agenda de audiencias programadas. Pero además, no todas las audiencias son agendadas en el software del Poder Judicial.

Según explicaron desde el Poder Judicial, las causas denominadas “residuales”, aquellas que estaban en instancia de juicio antes de la aplicación del nuevo sistema procesal, y que continúan con el trámite normal del viejo sistema, no son cargadas. Esto motivó el fastidio de los escribas al advertir que algún caso resonante había sido resuelto sin posibilidad de acceder y hacer la cobertura.

En la provincia de Chubut, en la que rige el procedimiento oral desde hace varios años y fue mirado como modelo para la aplicación del sistema en Río Negro, la agenda de audiencias es absolutamente pública y basta con ingresar a la página oficial del Poder Judicial para tener acceso a ella.

En cambio, en Río Negro, se requiere el alta de un usuario y la creación de una contraseña. Pero para ser un usuario registrado hay que pertenecer al Poder Judicial, por lo que si bien siempre hay atajos para acceder a la información, se requiere la predisposición de empleados o funcionarios.

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