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A un año de la desaparición toma fuerza la teoría del secuestro extorsivo

A un año de la desaparición de Lucas Muñoz, se conocieron importantes datos desde el ámbito judicial.   A un año de la desaparición de Lucas Muñoz, se conocieron importantes datos desde el ámbito judicial.

- CASO LUCAS MUÑOZ -

Al cumplirse un año de la desaparición del oficial de policía Lucas Muñoz, los investigadores trabajan fuertemente en la hipótesis de un secuestro extorsivo perpetrado por un grupo altamente profesionalizado, con intervención de miembros de la fuerza y de personas con conocimientos en investigación criminal. Pese a los esfuerzos y las sospechas que recaen sobre unas veinte personas, no parecen encontrarse elementos claros para dar un avance definitivo al caso.

Por Mariano Colombo
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Un grupo delictivo conformado por miembros de la fuerza policial y otras personas con conocimientos en investigación criminal y evidencias científicas, podría haber sido el autor de un secuestro extorsivo respecto del oficial Lucas Muñoz. Sobre esa hipótesis trabaja el equipo de investigación montado por el Ministerio Público Fiscal, al comando del agente fiscal Martín Govetto.

Las fuentes ligadas a la investigación consultadas, admiten que hay pistas sobre quien pudo haber recibido los llamados extorsivos, aunque no hay ningún elemento que ayude a revelar cuál era el pedido de los captores, que finalmente no consiguieron lo que buscaban y ultimaron a Muñoz, arrojando su cuerpo en un descampado veintisiete días después de su captura.

“Lo secuestraron para negociar su liberación”, admitió una fuente que de acuerdo a los diversos informes elaborados por especialistas, aventuró que se trató de un hecho absolutamente planeado y ejecutado de acuerdo a esa planificación. “Se trató de un grupo muy profesional”, apuntaron y resumieron: “Fue un trabajo muy bien hecho, sabían cómo lo tenían que hacer para no dejar evidencia. Se trata de gente que sabe cómo se investiga, con algún grado de conocimiento en criminalística”.

En la misma línea de investigación, queda claro que los captores no consiguieron lo que buscaban y debieron ultimar al agente, abandonando su cuerpo en una zona cercana a la ruta de Circunvalación, a varios centenares de metros de donde fue hallado el cadáver de Micaela Bravo, cuyo caso aún sigue impune, aventurando las hipótesis que llevan a pensar en una conexión entre ambos casos. “Se puso la lupa sobre algunas personas en ambas causas”, afirmaron, pero no hubo resultados concluyentes.

Sin embargo, en la complejidad del caso, que las fuentes apuntan como “similar al del fiscal Nisman”, no hay elementos que ayuden a encontrar el lugar en el que Muñoz estuvo cautivo esos veintisiete días y en donde fue correctamente alimentado y atendido. Pese a ello, las fuentes revelan que hay unas veinte personas investigadas de forma constante. Se estudiaron sus movimientos y comunicaciones, aunque esas medidas todavía no ayudaron a arrojar luz sobre lo ocurrido. Los investigadores admiten que “va a ser muy difícil resolver el caso”.

En tal sentido apuntaron que las expectativas depositadas en un cabello de unos treinta centímetros, hallado en el cadáver de Muñoz, se esfumaron luego de que la primera prueba realizada sobre el mismo en Buenos Aires, arrojara como resultado que el cabello correspondía al agente, quien tenía el pelo bien corto. Al requerirse una réplica de la pericia, las esperanzas se esfumaron definitivamente porque en la prueba se dañó irreversiblemente el cabello y ya no podrá ser peritada por segunda vez. Sin embargo aún albergan esperanzas otros cabellos hallados en el cuerpo.

Desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que no son ciertos los dichos que aseguran que en la investigación del caso no trabajó la Policía de Río Negro. “Durante tres o cuatro meses un grupo especializado designado específicamente para esto, trabajó en tareas de campo a las órdenes del fiscal Govetto, trajeron toda la información inicial del caso”, revelaron. Sin embargo fue constante también la participación de personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Además, aventuraron las fuentes consultadas que Muñoz fue seleccionado por su vulnerabilidad. “No era de acá, no tenía familia en esta ciudad y reunía algunas características personales que lo hacían vulnerable”, explicaron.

Ni siquiera el millón de pesos que fijó como recompensa el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia para quienes puedan aportar datos relacionados con la desaparición y posterior homicidio del agente, ayudó al surgimiento de elementos claros y contundentes que arrojen luz sobre lo ocurrido. Tampoco el ofrecimiento de aplicación del régimen del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados logró conmover a posibles informantes y, más allá de infinidad de testimonios y declaraciones recibidas en sedes judiciales, aún no hay datos firmes.

En el teléfono celular de la víctima, recogido junto al cadáver, no aparecieron comunicaciones ni mensajes que generen dudas. Los investigadores encontraron una importante cantidad de videos y fotografías. Parte de ese material, parecía afianzar una de las hipótesis manejadas por los investigadores, aunque el contexto en que se dio el asesinato del joven no encajó en ese escenario y esa hipótesis fue casi descartada. Tampoco arrojó datos relevantes la pesquisa en la computadora personal de Muñoz.

El empantanamiento de la causa, motivó que una y otra vez los investigadores volvieran sobre sus pasos y revisaran nuevamente las constancias del expediente en busca de cabos sueltos. Nada favoreció el avance de la investigación.

Ante este panorama, lo único claro que las autoridades pudieron establecer es que Muñoz salió de su vivienda el 14 de julio en horas del mediodía, inicialmente caminando hacia la parada colectivos y luego en el servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, rumbo a la comisaría 42 del barrio 2 de Abril, en la que debía hacerse cargo de la guardia a partir de las 14.

Al descender del ómnibus que tomó, Muñoz siguió caminando, con su mochila al hombro, rumbo a la comisaría. Se detuvo en el camino y conversó con los ocupantes de un Chevrolet Corsa gris. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Durante el tiempo en que estuvo desaparecido, fue buscado por tierra, aire y agua, sin ningún resultado.

Días después, fue hallado su cuerpo, con el uniforme y su arma reglamentaria, su teléfono celular y billetera. Lo único que no apareció fue su mochila. Tenía un disparo de arma de fuego en su pierna derecha y otro balazo en la nuca, que a la postre fue el que causó la muerte. El arma utilizada para ultimarlo, fue su arma reglamentaria.

Las pericias realizadas comprobaron que había sido correctamente alimentado durante su cautiverio, sin presencia de drogas o sustancias tóxicas y además su cuerpo estaba perfectamente aseado y afeitado, confirmando que el tiempo que estuvo desaparecido no sufrió torturas, malos tratos ni privaciones de orden alimenticio o sanitario.

Además, las pericias científicas desarrolladas tuvieron contradicciones entre sí. Para los forenses de Gendarmería, el tiro en la pierna fue casi contemporáneo al disparo en la nuca. En cambio, el cuerpo médico forense de la Corte Suprema dictaminó que la herida en la pantorrilla ocurrió días antes de que lo ejecutaran, confirmando que fue retenido forzosamente y que tal vez, intentó escapar. El mismo informe, estimó que fue ultimado entre el mediodía del 7 de agosto y el mismo horario del día siguiente, apenas algunas horas antes de su hallazgo, que casualmente, se dio mientras en Bariloche estaban el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, lo que fue considerado como un claro mensaje para muchos.

El comportamiento de sus camaradas

Ante el lento avance de la investigación, lo que activó las alarmas fue el movimiento de las denominadas causas conexas. Según algunas versiones, el día anterior a su desaparición, Muñoz le había pedido a su pareja, Daniela Rodia, que se marchara de ese lugar porque su vida corría peligro.

Inicialmente la sospecha era que Muñoz había descubierto graves casos de corrupción entre sus compañeros y pensaba delatarlos.

Esa versión fue alimentada por el comportamiento de algunos camaradas en las horas que siguieron a la desaparición del agente y que hicieron pensar en una investigación paralela, fuera de la oficial que encabezaba la Fiscalía. Julián Morales y Luis Irusta, registraron la misma noche de su desaparición, sin autorización y sin dar aviso a las autoridades judiciales que trabajaban en el caso, la habitación que alquilaba Muñoz en pleno centro de la ciudad. Néstor Meyreles, en tanto, compró en Catriel un chip de telefonía celular a nombre de Muñoz al día siguiente de su desaparición en Bariloche.

En ese contexto, generó un gran resquemor la detención de los oficiales y la remoción del subjefe de la Unidad Regional III, Manuel Poblete; el jefe de Seguridad Vial, David Paz; el titular de la comisaría 42, Jorge Elizondo; el subcomisario de la misma seccional, José Jaramillo. En algunos casos las causas contra los nombrados tuvieron un ligero avance, otras cayeron en saco roto y se diluyeron con el correr de las semanas, al tiempo que los detenidos recuperaban su libertad.

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