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“Si la Justicia termina siendo parte del delito; ¿Qué está brindando la Justicia?”

El reclamo de justicia (foto archivo) El reclamo de justicia (foto archivo)

- DECLARACIONES DEL LEGISLADOR MANGO POR EL CASO SOLANO - 

Con la declaración que se menciona en el título el legislador Marcelo Mango denunció que hace 6 años de la desaparición forzada del joven trabajador golondrina Daniel Solano en la zona del Valle Medio. Dijo además que existe una cadena de encubrimiento y que es insólito que “ni el Ejecutivo Provincial, ni la Justicia de Río Negro se hagan cargo del financiamiento para que se busque el cuerpo del joven que estaría en un pozo de 90 metros de profundidad”. 

Por Juan Carlos Montiel
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El caso de la desaparición del cuerpo  de Daniel Solano, en la zona del Valle Medio cumplió 6 años el domingo último. La caratula de la causa es de desaparición forzada de persona. El legislador Marcelo Mango denunció una “cadena de encubrimiento” en  connivencia con sectores empresarios, de la Secretaría de Trabajo, del Poder Judicial y de la Policía de Río Negro. Existen sospechas que al trabajador golondrina lo mataron y lo tiraron en El Jaguel, en un pozo de 90 metros y ni el poder Judicial de Río Negro o Corte Suprema de Justicia de la Nación o el Ejecutivo Provincial quieren financiar la tarea para tratar de encontrar los restos del joven.

En todo el tiempo transcurrido la causa tuvo idas y vueltas, al ser caratulada como desaparición forzada de persona, se pasó al fuero Federal y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que la remitió nuevamente a jurisdicción provincial. El legislador Marcelo Mango del Frente para la Victoria (FpV) explicó ayer lunes, que Daniel Solano “era un trabajador que vino a trabajar en la cosecha de la fruta, pero al no cumplirse las condiciones que le habían ofrecido se le ocurrió reclamar por la relación de trabajo que le habían prometido; él era un joven de la comunidad guaraní, de Tartagal (Salta), de una familia humilde. Fue a la zona de Lamarque contratado por Expofrut. Que a su vez contrataba con otra empresa y cuando las condiciones laborales que le habían prometido no  fueron las estipuladas, Solano reclamó, por ello fue secuestrado por personal de la Policía de Río Negro”, dijo Mango.

El legislador conversó en la víspera con  Antonio Zidar en el programa El Expreso Periodístico, que se emite por Rivadavia-Bariloche El Cordillerano radio (93.7) de lunes a viernes de 9 a 12 y allí sostuvo que “la causa tiene muchos vericuetos, fue bastante encubierta y recordemos que esto sucedió al final del gobierno de Miguel Saiz” y agregó que “en la Justicia fue muy difícil llegar, incluso hubo una jueza denunciada, que iba a juicio político, renunció para no ir a dicho juicio, se jubiló, y la causa fue pasando por distintos jueces y antes de ir a juicio oral el juez calificó al caso de desaparición forzada y por eso se pasó a la Justicia Federal, terminó en la Corte Suprema, pero la Corte decidió que vuelva a la Provincia diciendo que si es una causa de desaparición forzada de persona y como el delito (causa) ya había avanzado en la investigación se continúe en la provincia”.

La cuestión insólita ronda en que ni el Ejecutivo Provincial, ni la Justicia rionegrina quieren pagar los $ 3 millones que saldrían la “excavación para ver si el cuerpo del joven Solano se encuentra en el pozo. Mango refirió además que “ahora se viene el juicio oral, hubo 22 policías involucrados y 7 detenidos y estos últimos son los imputados que irán al mencionado juicio oral”.

Mango también sostuvo que el padre de Daniel Solano, Gualberto Solano, ya no cree en nadie, ni en la Justicia y lo único que pretende es que encuentre el cuerpo de hijo para llevárselo a Salta y allí darle sepultura, es una familia humilde”. Reiteró el legislador que si esto es una “desaparición forzada la responsabilidad es de la Provincia, y lo primero que se debe hacer ahora es encontrar el cuerpo de Daniel y no puede ser que le pidamos a la propia familia, que tenga que pagar para encontrarlo”.

Relató además Mango que “esta cadena de encubrimiento se hizo cargo de la vida y de la muerte de Daniel Solano,  se cree que al cuerpo lo tiraron a El Jaguel, a un pozo que tiene 90 metros de profundidad. Se debe bajar al pozo y buscar el cuerpo y si bien esto está autorizado el trabajo no tiene financiamiento. Esto es lo que reclamamos al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y no encontramos respuestas, también lo pedimos al Ejecutivo, pero el dinero no aparece, nadie se hace cargo y es perverso pretender que la querella, la familia, tengan que hacerse cargo de este financiamiento”.

Por último Mango refirió que “la Justicia tiene el dinero, porque días a tras la procuradora, Silvia Baquero Lazcano (con renuncia), gastó $ 4 millones de pesos en un evento en Bariloche con procuradores para capacitarse, que está bien que se capaciten, pero que no digan que no tienen dinero para resolver el delito mas grave que está acusada la Provincia de Río Negro”.

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Un delito de lesa humanidad

¿Dónde está Daniel Solano? A seis años de su desaparición forzada realizada el 5 de noviembre de 2011, el Poder Judicial debe dar la respuesta, porque es su responsabilidad buscar a un desaparecido y brindar todos los medios para encontrarlo.

Pero el Poder Judicial de la provincia no garantiza el pago de los cerca de 3 millones de pesos que cuesta obtener la prueba. La Legislatura votó por unanimidad la comunicación 140/17, solicitando al Estado provincial que garantice los recursos necesarios para llevarla a cabo, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y para que el padre, Gualberto Solano, que permanece acampando frente al Juzgado de Choele Choel, pueda saber la verdad y llevarse  el cuerpo de su hijo para aliviar un poco de tanto dolor que se le ha causado.

La desaparición de Daniel Solano tuvo como objetivo evitar que salga a la luz no sólo la estafa, explotación y represión de los trabajadores que son “contratados” para trabajar en empresas frutícolas de la zona, sino también para encubrir otro tipo de delitos como es la trata de personas con fines laborales.

Pero no se trata sólo de trabajo mal remunerado, trabajo indecente, explotación laboral, trabajo infantil, trabajo esclavo y trata de personas. Se trata además de desaparición forzada de persona como producto de la connivencia entre una empresa multinacional, empresas tercerizadas, sectores de la Policía, de Trabajo y parte del Poder Judicial, cómplices de un delito de lesa humanidad. (Textual en nota del legislador Mango). 

 

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